Del contrato social: el matrimonio entre España y Catalunya

El contrato social: una aproximación

El contrato social (definición extraída de Wikipedia) es un acuerdo real o hipotético realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado en relación a los derechos y deberes del estado y de sus ciudadanos. Se parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y leyes, a las que se someten. 

Cabe destacar primero que anteriormente a Rousseau, que fue el filósofo que describió de forma más acertada este tipo de acuerdo, existió otro filósofo que avanzó un siglo antes una formulación similar: Thomas Hobbes en su obra Leviatán. El sustrato del orden natural en que se basan Hobbes y Rousseau para modelar su percepción de la naturaleza del ser humano son divergentes. Hobbes afirmó que el hombre es un lobo para el hombre y que por ello debía existir una autoridad que regentará las voluntades individuales. Rousseau creía que el ser humano es bueno por naturaleza y establece el contrato social como medio de que garantice unas condiciones de libertad e igualdad de diferentes grupos de personas (naciones en el caso que nos atañe) para facilitar la consolidación de un Estado de derecho.. Pero en este tratado confluyen de forma determinante las ideas filosóficas del liberalismo (más puro). El pensamiento de Rousseau sirvió de base ideológica en los hechos de la Revolución Francesa y también tuvo influencia en los procesos del liberalismo político del siglo XIX. Cabe señalar que la idea de contrato social es anterior a la conformación del nacionalismo español o catalán como idea social y política que tuvo como punto de partida el siglo XIX.

 

Evolución del contrato entre España y Catalunya

No hace falta señalar
que en la Historia de España a lo largo de los siglos XIX y XX ha existido de facto un contrato social entre diferentes nacionalidades o regiones y el poder central, pero sólo en unas épocas determinadas. Tampoco tuvo continuidad en los tiempos del liberalismo político, ni nunca ha sido estado laico ni técnicamente ni de hecho y las libertades civiles siempre han estado muy lejos de los principios por los que abogaba Rousseau. Conocida es la parte de la Historia de España, donde fracasó la revolución burguesa y la industrialización. Y sólo en aquellas regiones donde la hubo, la burguesía estableció un “contrato” de pervivencia a cambio de que el poder central español protegiera bajo el paraguas de la estructura de Estado.  Y en este marco es donde cualquier integración de diferentes grupos sociales en un único territorio ha obedecido en la relación Catalunya-España a intereses de conveniencia entre los poderes político-económicos catalanes y españoles que no al deseo del individuo y por tanto al respeto de preservación de su propia identidad. Este derecho individual cede su parte de poder a la autoridad siempre y cuando la autoridad no perjudique la libertad de los individuos, motivo por el cual Hobbes declaraba nulo ese contrato y el derecho del individuo a rebelarse contra su soberano. Trasladado esto al encaje de las mal llamadas nacionalidades històricas en el Estado de las autonomías, un ciudadano podrá tener derecho democrático a pensar como desee pero limitado a eso, a pensar. La conciencia y el libre ejercicio del ciudadano quedan relegados a eso, a un ejercicio teórico e idealizado limitándose en la pràctica de sus derechos como ciudadano a escoger sus representantes políticos cada cuatro años como única praxis potencialmente decisoria en el modelo de sociedad que quisiera construir. Razòn por la cual la existencia de contrato social entre diferentes grupos de ciudadanos no se cumple en España en su más básico principio.

Si me permiten ni siquiera ha existido “contrato social” en los últimos 34 años ya que la Transición política en España como proceso histórico, político y social que desmanteló el aparato político franquista hacia un modelo de Estado moderno, fue un proceso dirigido desde la oligarquía política, cultural y financiera de siempre, un proceso incompleto y un proceso reconducido cuando fue necesario en sus fases decisivas desde las cloacas del Estado donde la violencia política permitió la pervivencia del franquismo a través de la reconversión en monarquía parlamentaria, europea y democrática. Existe una Constitución, sí, pero es una hija bastarda de padre franquista y madre monárquica, ambos modelos (o padres) políticos alejados de los principios republicanos que Rousseau proyectó en su obra. Existe en España un Estado de derecho técnicamente, sí, pero en su fachada, no lo olvidemos. La monarquía la impuso y la instauró un dictador (con la ayuda inestimable de los EEUU y su aparato de control la CIA, todo sea dicho). Con lo que en su segundo principio, tampoco existe un contrato social puesto que el ciudadano ha participado en la elaboración de un contrato que ya estaba previamente pactado y cerrado en su fondo y su forma aprovechando la debilidad de una izquierda todavía atemorizada por décadas de persecución y clandestinidad y el aplastamiento a través de la traición y la guerra sucia contra los movimientos obreros qe todavía aspiraban a una verdadera ruptura contra el régimenr franquista, hecho que evidentemente no se produjo. Ocurrió una reforma del sistema político ya establecido no una ruptura. La Constitución no es más que la Carta Magna que quería el bunker de la Comunidad Económica Europea, la OTAN y los avispados franquistas y juancarlistas que vieron inteligentemente la adecuación de una praxis política caducada del franquismo a la integración plena de un Estado moderno y de derecho en la realidad de los procesos de mundialización que por aquel entonces se estaban consolidando. Una puesta al día por así decirlo.

Análisis de la situación actual

Mientras no se realice una revisión crítica del pasado continuará existiendo este conflicto que afecta no sólo a los intereses públicos o de la ciudadanía sino al adn de lo más básico, el derecho natural de las personas. Esto es, la identidad de un grupo de ciudadanos que con total legitimidad abogan por una separación de un Estado al que no quiere pertenecer porque no se identifica no ya con sus símbolos sino por una larga lista de diferencias que no cabe enumerar. El sentimiento  de pertenencia a un territorio se ve con ello minimizado. Y en ello, la identidad española, carente de tradición de cultura democrática (no es una crítica es una evidencia, la cultura democrática es un largo proceso de sedimentación a través de generaciones y décadas, aquí en España llevamos 30 años) y con poco fondo de formación política e ideológica en sus ciudadanos que tienen una visión simplificada de la dualidad política entre socialdemócratas y democratacristianos, esto es PP y PSOE, no va más allá de la indiferencia, la miopía cultural, el primitivismo, la hipocresía y la brutalidad que siempre le ha caracterizado atizando a los símbolos del pueblo catalán especialmente desde el franquismo donde se ejerció una brutal represión y que ha tenido su continuidad hasta la actualidad (sólo hay que leerse las editoriales del día siguiente de gran parte de los diarios españoles después de la manifestación del 11-S 2012). Gracias al "contrato social" y a la Constitución española que santifica y glorifica la libertad de expresión se ha permitido desde su puesta en marcha formas sibilinas y no tan sibilinas de pisotear la libre expresión de muchos de los ciudadanos de Catalunya utilizando para ello el insulto, el menosprecio, la mala educación, la culpabilización, la manipulación semántica en la información abusando de la sobrelexicalización (catalanes totalitarios, demonización del término independencia que conlleva connotaciones negativas) y la mentira. Y siempre que ha sido necesario,  se acude a los aparatos de propaganda elevando el discurso de pensamiento único y al acoso por parte de lobbies de presión que llegan a modificar las decisiones jurídicas del Tribunal Constitucional a través de procedimientos claramente inconstitucionales en el colmo del absurdo y el esperpento para dejar sin efectos varios artículos de un Estatut, el de 2006, que votaron democraticamente los ciudadanos de Catalunya.

El modelo de Estado español y el encaje de grupos de ciudadanos que no se sienten cómodos en el actual modelo de “contrato social” sumado al escenario de crisis económica y política mundial, está pidiendo a gritos una reordenación y un paso adelante en resolver los problemas históricos de siempre para siempre. El gran reto de Catalunya es saber si la ciudadanía y sus representantes tendrán suficiente madurez y altura política para, llegado un momento hipotético de ruptura del contrato social, ofrecer un modelo de Estado que supere el nacionalismo tradicional y conservador aferrado a una única identidad (tal y como se ha proyectado y visualizado en numerosas ocasiones) y evolucione hacia un proyecto realmente, plural, integrador y vertebrador de la suma de múltiples identidades que es Catalunya y con el cualquier identidad se sienta realmente cómodo e integrado. En definitiva, un proceso realmente participativo y  no excluyente como sí ha sido el caso español hacia sus ciudadanos desde el siglo XIX: varios golpes de estado, dictaduras, genocidios, terrorismo de Estado (GAL), conculcación de las identidades periféricas, influencia de la Iglesia conservadora en las decisiones políticas, violencia política, etcétera hasta convertirse en el bono basura de la UE actual. Las dos últimas legislaturas, en especial, no han servido más que para acelerar los procesos de cesión de poder estatal a favor de los poderes económicos mundiales abocando al Estado español al sometimiento de las agresivas leyes económicas de la forma más humillante. Y ese sentimiento de humillación conlleva necesariamente un golpe a la autoestima del sentimiento patrio, prueba de ello es la contínua necesidad de exaltar, subrayar y elevar la marca España, repetir el término español hasta la ridícula saciedad y una creciente preocupación por ofrecer una imagen de homogeneidad de cara al mundo. Pero de la capacidad de autocrítica no hay noticias. Es más, tanto a nivel español como catalán los desmanes de los políticos (incluyendo la monarquía) y sus gestores econòmicos no existen noticias de una rendición de cuentas respecto a la ciudadanía. Se ha robado a manos llenas y nadie está siendo juzgado. ¿Cómo quieren que tomen en serio a España o a Catalunya? Una situación de crisis que empeora y acelera el descontento y la desafección entre catalanes y españoles pero no es, para nada, el elemento determinante y orígen de este descontento en el matrimonio. Lo es, repito la revisión crítica de la historia y de las decisiones políticas.

Quo Vadis?

Concluyendo: o Catalunya y España regeneran su particular contrato social o deben plantearse la evolución a una nueva fórmula que satisfaga a ambas partes concebida desde la participación de sus ciudadanos y bajo la praxis de procesos constituyentes basados en principios éticos y democráticos. Difícil reto dada la mochila histórica que transportan ambos, en especial España, dado que la última instancia que garantiza la unidad e indisolubilidad del Estado español no es el ciudadano sino el ejército. Pensaba que era un contrato social.

(imágenes extraídas del depósito multimedia libre Wikimedia Commons)